Los ingresos por cotizaciones sociales marcaron en 2025 un máximo histórico, alcanzando los 176.918 millones de euros. Si a esta cuantía añadimos ingresos por otras cotizaciones, resulta que para cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, con el fin de poder hacer frente a los gastos comprometidos por prestaciones y otros conceptos, el Estado debió inyectar más de 50.000 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Con las cotizaciones se cubre aproximadamente un 76% de la cuantía necesaria para hacer frente al elevado gasto. Hay que tener en cuenta que sólo por el gasto de pensiones contributivas, también en 2025 la Seguridad Social debió abonar la cifra récord de 189.598 millones de euros.
El gasto mensual por pensiones se ha disparado. En 2026 ya se sobrepasan ampliamente los 14.000 millones de euros cada mes, cuando hace sólo dos años, en 2024, el pago mensual por pensiones estaba en torno a los 12.700M€. El pasado mes de abril el pago por pensiones alcanzó los 14.336,24M€, lo que ha supuesto un incremento del 6,07% del mismo mes de 2025. Esa cuantía se distribuye en el pago de la pensión de jubilación (10.499M€), viudedad (2.281M€), orfandad (185M€), incapacidad permanente (1.331M€) y las pensiones a favor de familiares (38M€).
El auxilio del Estado a la Seguridad Social viene ya de lejos. Desde el año 2010 los sucesivos gobiernos han tirado de las arcas del Estado para cubrir el déficit de la Seguridad Social, práctica que cada año que pasa necesita una inyección más amplia, dado el incremento anual que están experimentando las pensiones en los últimos años, con un mayor número de pensiones tramitadas, muchas de ellas con cuantías elevadas.
La solución para cubrir el Estado el descubierto de la Seguridad Social ha sido realizarle transferencias y concederle créditos extraordinarios, efectuados ejercicio tras ejercicio. Con todo esto, resulta que el Estado ha generado una mochila de 532.572 millones de euros.
“El Estado ha acudido al auxilio económico de la Seguridad Social con transferencias y créditos extraordinarios.“
Esta actuación del Estado es un ejercicio lógico y necesario, ya que sin estas aportaciones el Sistema de la Seguridad Social no tendría capacidad financiera para hacer frente a sus compromisos por pago de prestaciones. De otra manera, si no se pagaran las pensiones en plazo y en su justa cuantía, nos encontraríamos ante una hecatombe social de muy serias consecuencias.
Por tanto, es evidente que de manera organizada el Gobierno incluya en los presupuestos de cada año las partidas correspondientes para suplir el déficit de la Seguridad Social. Cierto es que llevamos unos años sin presupuestos, circunstancia que está dando lugar a una deriva financiera de muchos millones de euros, por lo que hasta el propio Tribunal de Cuentas viene advirtiendo que urge una solución a medio o largo plazo, recomendando que se adopten medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema público. También recientemente el Tribunal de Cuentas ha destapado que en 2024 el Gobierno desvió 2.389 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, para pagar pensiones. Acción, según parece, de dudosa legalidad a la que no se habría acudido si contáramos con las partidas necesarias en los presupuestos anuales.
La solución, respecto al equilibrio de las cuentas, no parece que por ahora, venga del incremento del número de cotizantes o del incremento de las cotizaciones, cuyas cuotas ya ahora están sangrando a las empresas. El equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social requerirá la inserción de medidas, que se deberían implantar paulatinamente con un horizonte de medio/largo plazo, adoptando los sistemas mixtos de aportaciones al sistema público y a seguros privados, que ya operan en otros países.
