1. El Supremo protege la disconformidad verbal frente al despido
La sentencia del Tribunal Supremo 562/2026, de 23 de junio (rec. 2521/2025), analiza el caso de una peluquera canina que trabajaba de lunes a viernes. El empresario pretendía que prestara servicios algunas horas ciertos sábados para completar su jornada. Durante una conversación grabada por la trabajadora, esta expresó su desacuerdo. Seis días después recibió un despido disciplinario cuya improcedencia reconocía la propia empresa.
El Supremo confirma la nulidad del cese. La importancia de la resolución reside en que no existía una demanda previa ni un anuncio expreso de acudir a los tribunales. La protección se activa al valorar conjuntamente la oposición a la nueva obligación, el conocimiento empresarial y la inmediata reacción extintiva sin causa real acreditada.
Cuándo una discrepancia activa la garantía de indemnidad
La garantía de indemnidad impide perjudicar a quien defiende sus derechos laborales. La sentencia avanza en su aplicación a situaciones informales, pero advierte que no basta cualquier protesta. Debe identificarse una reclamación de derechos o una oposición clara que permita reconocer una posible defensa frente a la medida empresarial. El mero malestar o una conversación ambigua no proporcionan protección automática.
En este caso también se aludió a un documento firmado «no conforme», aunque no se aportó al procedimiento ni quedó acreditado su contenido. El empresario, además, sugirió a la trabajadora que se asesorara. Estas circunstancias dieron significado jurídico a la discrepancia. Los seis días transcurridos reforzaron el indicio de represalia; no constituyen un plazo legal que determine por sí solo la nulidad.
Quién debe probar la causa del despido
La persona trabajadora debe aportar primero indicios suficientes de vulneración. Solo entonces se desplaza a la empresa la carga de acreditar motivos legítimos y ajenos a la reclamación. Reconocer la improcedencia no cumple esa exigencia: admite que el despido no puede sostenerse como procedente, pero no demuestra que esté desvinculado del conflicto.
La consecuencia fue la readmisión, el abono de los salarios dejados de percibir y una indemnización adicional de 6.251 euros por daños y perjuicios. Para las empresas, la enseñanza es concreta: antes de despedir tras una discrepancia, deben examinar y acreditar la razón de la decisión. Una causa documentada e independiente puede neutralizar los indicios; una explicación genérica difícilmente lo hará.
Aunque los hechos ocurrieron en 2019, el marco actual refuerza expresamente esta protección. La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 5/2024 ampara las actuaciones ante la propia empresa destinadas a reclamar derechos laborales. La sentencia debe leerse, por tanto, como un avance dentro de una evolución jurisprudencial y legislativa. Su importancia está en confirmar que esa oposición también puede quedar protegida cuando las circunstancias apuntan a una represalia, como sucede si el despido llega pocos días después y la empresa no acredita una causa real ajena al desacuerdo.
2. La Audiencia Nacional reconoce los permisos retribuidos para exámenes
La sentencia de la Audiencia Nacional 100/2026, de 1 de junio (rec. 80/2026), resuelve un conflicto colectivo en el ámbito de una multinacional. La controversia afectaba a unas 1.800 personas: las empresas sostenían que el permiso para acudir a exámenes no era retribuido porque ni el Estatuto de los Trabajadores ni el convenio lo calificaban expresamente así.
La Sala rechaza esa interpretación. El artículo 23.1 a) del Estatuto de los Trabajadores reconoce los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando se cursan regularmente estudios para obtener un título académico o profesional. Según la Audiencia Nacional, el silencio sobre su remuneración debe interpretarse en conexión con el régimen de permisos y con la finalidad de favorecer la formación y el derecho a la educación.
Por qué el silencio legal no excluye el salario
La resolución equipara esta ausencia a los permisos retribuidos del artículo 37.3 de la citada norma y recuerda que la suspensión contractual, que sí exonera de pagar salario, tiene una regulación distinta. También separa este derecho de las veinte horas anuales de formación del artículo 23.3: son permisos compatibles y esa bolsa de horas no limita el tiempo necesario para examinarse.
El fallo reconoce el derecho del colectivo afectado. Su razonamiento interpreta una norma general y resulta relevante para otras empresas, pero la sentencia procede de la Audiencia Nacional y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. Si se presenta el recurso y este llega a resolverse sobre el fondo, corresponderá al Supremo confirmar o corregir el criterio sobre la retribución de estos permisos, aportando mayor seguridad jurídica a empresas y personas trabajadoras.
Preavisar, justificar y concretar la ausencia
El disfrute exige preaviso y justificación. Para gestionarlo, conviene comunicar el examen con antelación, acreditar los estudios y aportar después justificante de asistencia. El artículo 23.1 a) no establece un preaviso de días concretos: deben revisarse las condiciones del convenio. Tampoco concede automáticamente una jornada completa ni días de estudio; reconoce el permiso necesario para concurrir al examen.
Por ejemplo, una persona que cursa Formación Profesional y tiene una prueba durante su turno deberá justificar el tiempo de ausencia necesario. Siguiendo el criterio de la sentencia, ese tiempo no debería descontarse ni exigirse su recuperación. Si el examen se celebra fuera del horario laboral, habrá que comprobar si existe alguna necesidad real de ausentarse, sin presumir un día libre compensatorio.
Ambas resoluciones aconsejan atender al contenido real de cada situación: qué derecho se reclama, qué causa sostiene el despido y qué ausencia exige el examen. Una gestión coherente, documentada y comprensible para la plantilla permite anticipar conflictos y ejercer las facultades empresariales con mayor seguridad jurídica.