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Planes de reducción de huella de carbono en las empresas

La lucha contra el cambio climático ha dejado de ser una cuestión basada únicamente en compromisos voluntarios para convertirse en una obligación regulatoria para un número creciente de organizaciones. En España, este cambio se materializa mediante el Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, por el que se crea el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y se establece la obligación del cálculo de la huella de carbono y de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para algunas entidades.

¿Cuál es el marco normativo?

La referencia legal es el Real Decreto 214/2025, de 18 de marzo, publicado en el BOE el 12 de abril de 2025 y en vigor desde el 12 de junio de 2025.

El Real Decreto regula tres aspectos fundamentales:

  • El cálculo de la huella de carbono de la organización, dentro del alcance 1 y alcance 2.
  • La elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones.
  • La inscripción de esta información en el Registro de huella de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

¿Qué empresas están obligadas?

Una cuestión especialmente relevante es determinar qué entidades se encuentran sujetas a estas obligaciones. El Real Decreto no amplía el universo de empresas afectadas, sino que remite a aquellas organizaciones ya obligadas a reportar información no financiera conforme al Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital.

En términos generales, la obligación afecta a:

  • Empresas obligadas a incluir información de carácter no financiero por el artículo 49.5 del Código de Comercio y el artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Es decir, empresas que tengan obligación de presentar el Estado de Información no Financiera (EINF).
  • Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, así como las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social y otras entidades del sector publico administrativo estatal.

¿Cuál es el contenido requerido en los planes de reducción?

El plan de reducción constituye el elemento central de la norma. No se trata únicamente de medir emisiones, sino de establecer una estrategia documentada que permita reducirlas de manera progresiva y verificable.

Para ello, las organizaciones deben partir del cálculo anual de su huella de carbono, considerando obligatoriamente las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2, mientras que el Alcance 3 mantiene carácter voluntario, aunque cada vez adquiere mayor relevancia para reflejar el impacto real de la cadena de valor.

El plan de reducción de huella de carbono debe incluir:

  • Objetivos cuantificados de reducción de emisiones en un horizonte temporal de 5 años.
  • Medidas concretas para alcanzar los objetivos fijados.
  • Indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación.
  • Identificación de las fuentes de emisiones más relevantes.
  • Actuaciones de mejora de la eficiencia energética o de sustitución de combustibles y tecnologías intensivas en carbono.

La finalidad es que exista una relación directa entre la medición de emisiones y las acciones desarrolladas para su reducción, facilitando la transparencia frente a inversores, clientes, administraciones públicas y resto de grupos de interés.

Paula Navarro

¿Cuáles son las obligaciones de publicación de los Planes de Reducción?

La inscripción del plan de reducción en el Registro de huella de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es voluntaria.

No obstante, una de las principales novedades introducidas por el Real Decreto 214/2025 es la obligación de dar publicidad a la información climática de la organización. Las entidades sujetas a la norma deben calcular anualmente su huella de carbono, elaborar un plan de reducción de emisiones y poner esta información a disposición del público a través de los canales habituales de información corporativa.

El objetivo de esta medida es reforzar la transparencia y facilitar que accionistas, clientes, administraciones públicas, inversores y otros grupos de interés puedan conocer el desempeño climático de las organizaciones y los compromisos asumidos para avanzar en la descarbonización.

Conclusiones

La entrada en vigor del Real Decreto 214/2025 supone un hito en la consolidación de la gestión climática empresarial en España. Por primera vez, determinadas organizaciones están obligadas no sólo a calcular y comunicar sus emisiones, sino también a planificar y publicar las acciones destinadas a reducirlas.

Más allá del cumplimiento normativo, estos planes representan una oportunidad para mejorar la eficiencia operativa, anticipar riesgos regulatorios y fortalecer la posición competitiva de las empresas en un mercado cada vez más condicionado por criterios ambientales.

La reducción de la huella de carbono se configura como un elemento estratégico de gestión y gobernanza corporativa. Las organizaciones que integren estos requisitos en sus procesos de planificación estarán mejor preparadas para afrontar los desafíos de la transición ecológica y contribuir de forma efectiva a los objetivos de neutralidad climática fijados para las próximas décadas.

ESCRITO POR:

Consultora Analista Senior del Dpto. Externalización de Procesos Financieros de Atisa

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