Movilidad internacional: mucho más que residencia fiscal
La internacionalización ya no es patrimonio exclusivo de las grandes corporaciones. Pymes, despachos profesionales, grupos industriales y compañías de servicios trabajan hoy con equipos distribuidos en distintos países y con profesionales que se desplazan de forma recurrente.
Esa flexibilidad supone una ventaja competitiva, pero también puede modificar la posición fiscal del trabajador y generar nuevas obligaciones para la empresa. Por ello, la movilidad no debería gestionarse únicamente desde Recursos Humanos.
El primer análisis suele ser la residencia fiscal. En España, entre otros criterios, se considera residente a quien permanezca más de 183 días durante el año natural o mantenga aquí el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. Sin embargo, contar días no siempre resuelve el problema. Una persona puede cumplir simultáneamente los criterios de residencia de dos Estados.
En esos casos, los convenios para evitar la doble imposición permiten determinar qué país debe considerarse residencia fiscal atendiendo, entre otros factores, a la vivienda permanente, los intereses personales y económicos o la residencia habitual.
El riesgo también está en los desplazamientos cortos
Las empresas suelen identificar correctamente una expatriación de uno o dos años. El problema aparece con desplazamientos que, de forma aislada, parecen poco relevantes. Visitas periódicas a clientes o un proyecto inicialmente previsto para seis meses que termina prolongándose durante dieciocho.
Ese tipo de acumulación puede alterar la tributación del salario y generar obligaciones para la empresa en otro país. Además, el conocido límite de 183 días no funciona exactamente igual en todos los convenios. Por eso, esperar al cierre del ejercicio para preguntar al trabajador dónde ha estado puede ser demasiado tarde. Siendo necesario contar con sistemas que permitan conocer y documentar dónde se está desarrollando realmente el trabajo.
Incentivos fiscales para trabajadores desplazados
Cuando un trabajador mantiene su residencia fiscal en España y desarrolla parte de su actividad en el extranjero, existen mecanismos que pueden reducir su tributación.
Uno de los más conocidos es la exención por trabajos realizados en el extranjero, con un límite de 60.100 euros anuales, recogido en el artículo 7 p) de la Ley de IRPF. Pero para aplicarlo viajar fuera de España no es suficiente. El trabajo debe realizarse efectivamente para una empresa no residente o para un establecimiento permanente situado en el extranjero. En grupos empresariales cobra especial importancia demostrar quién recibe realmente el servicio.
También existe el denominado régimen de excesos para empleados destinados en el extranjero. Ambos mecanismos son incompatibles, por lo que conviene analizar previamente cuál resulta más adecuado según la duración del desplazamiento, la estructura salarial y la documentación disponible.
Calendarios de viaje, contratos, cartas de asignación, entregables o documentación del proyecto dejan de ser simples documentos administrativos internos de la empresa y se convierten en prueba para aplicar correctamente estos incentivos fiscales.
Cuando el movimiento es hacia España
El régimen especial para trabajadores desplazados a España, conocido habitualmente como “Ley Beckham”, permite que determinados trabajadores, profesionales, emprendedores y otros perfiles que adquieren su residencia fiscal en nuestro país tributen conforme a unas reglas especiales.
El régimen se aplica durante el ejercicio en el que se adquiere la residencia y los cinco siguientes y, tras las últimas reformas, alcanza a perfiles que van más allá del trabajador contratado tradicional, como determinados teletrabajadores internacionales, emprendedores o profesionales altamente cualificados.
Esto convierte la fiscalidad en una herramienta que también puede utilizarse en las políticas de atracción y retención de talento. Pero nuevamente el momento es esencial, detectar demasiado tarde la posibilidad de acogerse al régimen puede provocar que se pierda la oportunidad.
Teletrabajar desde otro país: decisión con efectos empresariales
El teletrabajo internacional es probablemente el mejor ejemplo de cómo una decisión aparentemente personal puede generar efectos para una organización. Un empleado solicita por ejemplo trabajar durante varios meses al año desde su vivienda en otro país. La primera pregunta será qué consecuencias tiene para su residencia fiscal y su salario. Pero hay una segunda cuestión igual de importante: ¿puede esa vivienda convertirse en una presencia fiscal de la empresa en ese otro país?
La actualización de 2025 del Modelo de Convenio de la OCDE aporta criterios específicos para analizar estos casos. Trabajar desde una vivienda situada en otro país no genera automáticamente un establecimiento permanente.
La frecuencia, la permanencia y, especialmente, las razones empresariales para trabajar desde ese territorio son determinantes. Como referencia, la OCDE considera que trabajar desde ese domicilio menos del 50 % del tiempo total durante un período de doce meses normalmente no debería convertirlo, por sí solo, en un lugar de negocios de la empresa.
Superar ese porcentaje tampoco implica automáticamente que exista establecimiento permanente. No es lo mismo que el empleado elija vivir allí por razones personales que contratarlo para desarrollar mercado, visitar clientes o representar comercialmente a la compañía en ese país.
De reaccionar a planificar
La movilidad internacional no genera una única obligación pudiendo afectar a trabajador, empresa y a distintas administraciones de varios países.
Las compañías que mejor gestionan estos riesgos no son necesariamente las que tienen estructuras más complejas, sino aquellas que cuentan con procesos claros, esto es una política de movilidad y teletrabajo internacional, un sistema fiable para controlar días de presencia y un análisis previo de las consecuencias fiscales.
En un entorno en el que las personas se desplazan con cada vez mayor facilidad, convertir la movilidad internacional en un proceso de decisión y no en una sucesión de excepciones se ha convertido en una cuestión de estrategia empresarial.